EE.UU. reimpondrá el veto al petróleo de Venezuela si Maduro no actúa rápidamente

Bloomberg — La administración del presidente Joe Biden tiene la intención de volver a imponer sanciones petroleras a Venezuela, poniendo fin a una prórroga de seis meses, si el régimen de Nicolás Maduro no toma medidas en los próximos dos días para cumplir un acuerdo que permita una votación más justa en las elecciones previstas para julio.

EE.UU. planea permitir que una licencia del Departamento del Tesoro que permite la producción de petróleo y gas expire sin renovación el jueves, según personas familiarizadas con el plan, que pidieron no ser identificadas sin permiso para hablar públicamente, si Venezuela no actúa.

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La administración de Biden ha estado tratando de ganar el mayor tiempo posible antes de finalizar la decisión con la esperanza de un avance poco probable que podría cambiar su plan, dijeron las personas. Si la licencia expira, se tomarían medidas estadounidenses para aliviar el impacto sobre los estadounidenses y el mercado petrolero de EE.UU..

EE.UU. concedió la licencia en octubre, después de que representantes de Maduro viajaran a Barbados para firmar un acuerdo para dar pasos hacia unas elecciones libres y justas. Pero desde entonces, Maduro no ha dejado de poner a prueba los límites del acuerdo, impidiendo que María Corina Machado, que ganó unas primarias de la oposición en octubre, y un sustituto propuesto se presenten a las elecciones.

Incluso mientras Estados Unidos se prepara para reimponer sanciones, algunos seguidores cercanos de Venezuela han mantenido la esperanza de una resolución de última hora que podría ayudar a evitar ese resultado. Entre las posibilidades que se han mencionado en los últimos días figuran que el Gobierno amplíe el plazo para inscribir a los candidatos o que la oposición apoye a Manuel Rosales, un gobernador al que se permitió inscribirse pero del que algunos desconfían por su disposición a negociar con Maduro.

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Al gobierno de Biden le preocupa que la revocación de la licencia pueda agravar la crisis económica en Venezuela, el segundo país de origen de los inmigrantes indocumentados encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado. La inmigración es un tema clave para Biden en su revancha en las elecciones generales contra el ex presidente republicano Donald Trump.

Los portavoces del Tesoro estadounidense y de la Casa Blanca, así como el Ministerio de Información de Venezuela, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Indulto a las sanciones

La reimposición de las sanciones pondría fin a un breve respiro que tuvo a ejecutivos petroleros extranjeros acudiendo en masa a la nación sudamericana. La renovación de las sanciones haría retroceder los esfuerzos de Maduro para reactivar la economía de Venezuela, que requiere una importante inversión extranjera para reconstruir la decadente infraestructura petrolera del país.

La imposición de sanciones a la limitada producción del país tendrá escasas repercusiones inmediatas en el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, a medio y largo plazo, la falta de inversión de Chevron Corp. y otros inversores extranjeros podría acabar reduciendo la producción de petróleo de Venezuela.

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La represión del petróleo que sale del país también amenaza con hacer subir aún más los precios de la gasolina en Estados Unidos. Esto supone una amenaza para Biden, que se ha esforzado por calmar la ansiedad de los votantes sobre la persistente alta inflación en EE.UU. en unas elecciones en las que el estado de la economía ocupa un lugar central.

Maduro había dado la bienvenida a las grandes petroleras internacionales para buscar acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela SA con la esperanza de impulsar la producción. La licencia temporal dio a Maduro un adicional de $ 740 millones en ventas de petróleo desde octubre hasta marzo, según una estimación de Eduardo Fortuny, jefe de la consultora con sede en Caracas Dinámica Venezuela.

Maduro, un viejo crítico de la política estadounidense, ha reprimido brutalmente las protestas contra su gobierno de una década, incluyendo la detención de líderes de derechos humanos y funcionarios del partido de la oposición. Las descaradas violaciones han obligado a aliados como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro a tomar la inusual medida de criticar públicamente las medidas.

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