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Ciudad de México — Después de múltiples fracasos administrativos, legislativos y judiciales, al Gobierno de México solo le queda una opción para favorecer a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico, pero sin mayoría calificada en el Congreso sus posibilidades de éxito se reducen considerablemente, al menos en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/KR34BHH6TZGSFIGKAIMBALPFWI.jpg "AMLO impugnará decisión de corte sobre ley industria eléctrica")
El 31 de enero de 2024, la administración del mandatario mexicano sufrió un nuevo golpe cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su reforma nacionalista a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, la cual privilegiaba a la compañía del Estado por encima de las empresas privadas.
López Obrador replicó el 1 de febrero que impugnará la sentencia y el lunes 5 de febrero, aniversario de la Constitución mexicana, presentará una iniciativa para volver al marco legal que dejó el expresidente priista Adolfo López Mateos en 1964 tras nacionalizar la industria eléctrica de México.
Múltiples especialistas en materia jurídica consultados por Bloomberg Línea consideran que la sentencia del máximo tribunal es inapelable y solo un cambio constitucional podría revertir el marco legal vigente.
La única manera en que el Gobierno podría modificar la condiciones actuales del sector eléctrico tendría que ser desde una reforma a la Constitución mexicana, comentó Ariel Garfio Vázquez, socio de la práctica de energía y recursos naturales del despacho legal Von Wobeser y Sierra en entrevista.
“La manera en que ellos pretenden modificar la estructura del sector energético tendría que ser desde arriba: modificar los principios rectores de la Constitución”, dijo.
Mauricio Fuchs, counsel del área de energía e infraestructura del despacho jurídico Hogan Lovells, coincidió en que si el Gobierno busca romper con el mercado eléctrico en los términos actuales tendría que modificar la Constitución, pero las autoridades no lo han logrado.
En abril de 2022, López Obrador intentó cambiar la Constitución mexicana para darle el 54% del sector eléctrico a CFE desde el 68% actual que posee la inversión privada, pero su partido Morena y aliados en el Congreso no consiguieron la mayoría calificada —dos terceras partes de los legisladores presentes durante la votación— que exige la legislación mexicana para reformarla.
Si el partido actualmente en el poder y sus aliados consiguen las dos terceras partes de Congreso en las elecciones de 2024 que requiere la legislación mexicana para modificar la constitución, entonces sí podrían enviar una iniciativa de reforma en materia de energía con posibilidades de cambio, comentó Juan Carlos Machorro, socio de la firma jurídica Santamarina y Steta especializado en energía,
“Eso sí podría dar vuelta a la tortilla. Lo vemos complicado, pero es un tema de carácter electoral y de carácter político. En este momento no hay herramientas para revertir esto”, dijo.
¿Qué determinó la sentencia de la Suprema Corte sobre la ley eléctrica de AMLO?
El 31 de enero, la segunda sala de la Corte determinó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, impulsada por AMLO, transgrede los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la Constitución mexicana.
“Aunque la concesión del amparo parte de la tutela a las empresas quejosas, lo cierto es que, al materializarse la desincorporación de la reforma legal reclamada en su situación, necesariamente, se generará la misma consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista”.
La sentencia, promovida por seis empresas privadas, reinstala el despacho eléctrico por mérito económico, es decir, la energía más barata —solar y eólica— se despacha primero y recibe el pago de la planta más cara, también la emisión de Certificados de Energía Limpia únicamente de plantas eléctricas limpias construidas a partir de 2014, además de la celebración de contratos de cobertura eléctrica mediante subastas.
El Gobierno mexicano y CFE argumentaron que el modelo de despacho eléctrico que prioriza las energías renovables pone en riesgo el sistema eléctrico ante la intermitencia de la tecnología solar y eólica mientras que CFE pierde dinero porque nadie paga el respaldo con plantas eléctricas que utilizan combustibles fósiles.
La emisión de Certificados deja fuera a las plantas hidroeléctricas de CFE, y las subastas eléctricas obligan a que CFE Suministrador de Servicios Básicos compre energía a empresas privadas mientras prohíbe que la empresa estatal compre energía directamente a las empresas subsidiarias de CFE que generan electricidad.
Fuchs mencionó que la sentencia aglutina tres temas fundamentales: sus efectos serán generales para todos los participantes del mercado, las condiciones vuelven a la legislación de 2014 y que México emite un mensaje de confianza en el Estado de Derecho y que los contrapesos institucionales funcionan, además de que ayudará a los paneles en materia energética del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
“Muchas de las razones planteadas en esas solicitudes se referían principalmente a un beneficio dado a un trato preferencial a la empresa del Gobierno sobre todos los demás... se estaba atacando la competencia en materia eléctrica, por lo que la sentencia ayuda a volver a dar ese marco de balance”, dijo.
¿Qué persigue AMLO con la reforma del sector eléctrico?
La política nacionalista de AMLO persigue una soberanía en materia energética que quede en manos de la CFE, luego de la apertura a la inversión privada con el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013, quien prometió bajar las tarifas eléctricas, el precio del gas natural, una mayor producción de petróleo, crecimiento económico y creación de nuevos empleos, así como un medio ambiente más limpio.
El Gobierno de López Obrador comenzó con cambios administrativos mediante un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y después con una política de confiabilidad de la Secretaría de Energía que fueron desechados en tribunales.
Las autoridades enfrentaron un tsunami de amparos del sector privado y organizaciones no gubernamentales por lo que recurrieron a cambiar la Ley de la Industria Eléctrica en 2021, incluso un intento de reforma constitucional en 2022.
Mientras AMLO alista su último intento legislativo en favor de CFE, las candidatas a la presidencia de México han mostrado una postura moderada en las precampañas, y los equipos energéticos de ambas han hablado de mayor apertura, reconociendo temas de cambio climático, descarbonización de la economía, uso de energías renovables de la mano del sector privado, según Machorro.
“Han habido reuniones, pronunciamientos, no abiertos, pero están escuchando al sector”, finalizó.
