:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/W7LNXUUPLJDYHOGWDH2JHUSAPI.jpg "Transeúntes cargan sus bolsas de compras en el vecindario SoHo de Nueva York.")
Bloomberg — Nueva York se convertiría en el primer estado del país en exigir a las marcas de moda mundiales que revelen sus impactos sociales y climáticos y tomen medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según un proyecto de ley presentado en la legislatura estatal.
Si se aprueba, la Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Moda se aplicaría a Armani, LVMH, Nike (NKE) y otras empresas de ropa con más de US$100 millones de ingresos anuales en todo el mundo que hagan negocios en Nueva York. Las empresas que no cumplan la ley podrán ser multadas con hasta un 2% de los ingresos de US$450 millones o más, según la legislación.
La industria de la moda representa hasta el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según las Naciones Unidas.
El proyecto de ley se presentó en octubre y se remitió a una comisión legislativa el miércoles. Exige a las empresas de la industria de la confección que hagan un mapa de al menos el 50% de sus proveedores por volumen, identificando los impactos adversos de las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de agua y productos químicos. Las empresas tendrían que fijar objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en toda su cadena de suministro. También se les exigirá que revelen la cantidad y el tipo de materiales que sus proveedores producen anualmente y el volumen de materiales reciclados utilizados.
Las empresas de moda tendrán que informar sobre los salarios pagados por sus proveedores y su comparación con los salarios mínimos locales y los salarios dignos.
Las empresas deberían publicar la información en sus sitios web y el fiscal general del Estado tendría que publicar un informe anual en el que se identificaran las empresas que incumplieran la ley. Los ciudadanos podrán interponer demandas civiles para exigir el cumplimiento de la legislación.
Las multas impuestas a las empresas de confección irían a un nuevo fondo de beneficio comunitario que se utilizaría para apoyar proyectos de justicia medioambiental.
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