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El millonario negocio de la seguridad se blinda contra la crisis en Colombia

Las empresas del sector están preocupadas por la ampliación de la licencia de paternidad y también por la reducción progresiva de la jornada laboral.

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Bogotá — El sector de la seguridad y la vigilancia, compuesto por unas 855 empresas con licencia que mueven cerca de $12 billones al año en Colombia, creció un 8 % en 2020 en medio del difícil panorama económico del país y fue uno de los pocos que no se detuvo durante la pandemia.

“En época de pandemia la vigilancia y la seguridad privada jugaron un papel muy importante, efectivamente nos podríamos denominar como el sector de la economía de la primera línea”, destacó en entrevista con Bloomberg Línea el presidente de la asociación de Empresas Colombianas de Seguridad Privada (Ecos), José Saavedra.

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Según el funcionario, la industria quedó “al frente de todo sector económico que por orden legal tuvo que cerrar, como puertos, aeropuertos, restaurantes, centros de diversión y algunas industrias, fábricas y talleres”.

Durante la crisis, según cifras compartidas a Bloomberg Línea por la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip), el sector creó 32.000 empleos y mantuvo los que tenía. Hoy, contribuye con cerca del 2,1 % del PIB y genera 380.000 puestos.

Incluso, en 2020 hubo empresas del sector que crecieron por encima de la tasa de la industria y lograron avances del 16 % como fue el caso de Andiseg.

Demanda de servicios de seguridad

La preocupación por la seguridad en algunas de las principales ciudades del país como Bogotá, en donde la percepción de inseguridad aumentó en 16 puntos porcentuales en febrero, el nivel más alto de los últimos 5 años según una encuesta de la Cámara de Comercio de la capital (CCB), ha llevado a los colombianos a demandar estos servicios.

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, manifestó a Bloomberg Línea que esta preocupación es “un tema coyuntural” por la “percepción de inseguridad”, pero considera que el futuro del sector estará garantizado mientras crezca la economía y las empresas inviertan.

“Es necesario que las finanzas del país estén saludables”, comentó el ejecutivo, al destacar que “sin seguridad no hay progreso, ni creación de empleo”.

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La Alcaldía de la capital informó que en 2020 la ciudad “cerró con una tasa de homicidios de 13,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja en los últimos 59 años”.

Entre tanto, “el hurto a comercios tuvo una disminución del 40,4 % y el hurto a personas, igualmente, cayó en un 36,2 %”, detalló.

No obstante, hechos puntuales de violencia y criminalidad en la capital colombiana han reforzado esta percepción en un momento en el que la miseria y la pobreza se hacen evidentes en las calles de la ciudad por cuenta de la pandemia.

De otra parte, en Colombia, según cifras de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), los hurtos de vehículos se incrementaron un 12 % entre enero y junio pasado con respecto a los datos del mismo período de 2020, al pasar de 4.318 a 4.836.

“En cuanto a este tipo de delito en motocicletas, en el período enero – junio de 2021, se incrementó un 18,8 % con respecto a los datos del mismo período de 2020, al pasar de 12.570 a 14.928 hurtos”.

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Las regulaciones laborales

La Cámara de Representantes avaló en junio el proyecto que reduce de manera progresiva la jornada laboral de 48 a 42 horas a la semana y en agosto el presidente Iván Duque sancionó la ley que amplía la licencia de paternidad de ocho días a dos semanas en Colombia.

La ley contempla la ampliación progresiva de la licencia de paternidad, ya que por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural, se sumará una semana hasta llegar a un máximo de cinco.

Las empresas del sector de seguridad y vigilancia piden que se revisen estas decisiones en función de las dinámicas de la industria y de los costos laborales que asumen las compañías que, según Confevip, equivalen al 35 % de los ingresas de estas.

“Lo que queremos es que esto se reduzca a un 22 % o un 20 %, que es más o menos” el promedio internacional de estos costos laborales y que “reconocemos nosotros tales como cesantías, primas y vacaciones”, dijo Miguel Ángel Díaz.

“En eso estamos de acuerdo, pero que no nos agreguen otros costos adicionales que realmente el Estado debería asumir desde el presupuesto nacional”, apuntó.

La tarifa en la vigilancia y la seguridad privada está regulada por el Estado, de tal manera que es este el que dice cuánto debo cobrar, cuánto debo pagar en parafiscalidad, cuáles son nuestros costos tributarios, cómo debo pagar mis servicios públicos y cuál es mi rentabilidad, que está tasada entre un 2,5 % y el 3 %.

—  Presidente de Ecos, José Saavedra

Por su parte, José Saavedra, de Ecos, subrayó los beneficios que estas medidas generan para “la tranquilidad del ser humano y sus familias”, pero matizó que en este sector “casi todo el resorte de la operación está en el recurso humano”.

“Situaciones como esta tienden a golpear de una manera muy fuerte, imprevista, sin planificación, no fuimos llamados, no fuimos tenidos en cuenta, para los trámites de estas leyes (…)”, insistió.

“Nosotros hemos sufrido un grave golpe en la economía; sin embargo, esperamos revisarlo, no quisiéramos que esto se vea traducido en aumento en tarifa (…) de tal manera que queremos ver con el Gobierno nacional y si es necesario hasta con el Congreso cómo revisar esta situación”, concluyó.

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Daniel Salazar Castellanos

Daniel Salazar Castellanos

Profesional en comunicaciones y periodista con énfasis en economía y finanzas. Becario de EFE en el programa de periodismo de economía de la Universidad Externado, Banco Santander y Universia. Exeditor de Negocios en Revista Dinero y en la Mesa América de la agencia española de noticias EFE.